Tarapacá desplegará 380 cámaras de seguridad mediante proyectos vecinales

El Gobierno Regional de Tarapacá está desarrollando una estrategia de seguridad que se diferencia de las grandes centrales municipales de televigilancia: financiar proyectos presentados directamente por organizaciones sociales para instalar cámaras, iluminación y otros elementos de seguridad dentro de sus propios barrios.

Entre las iniciativas financiadas durante 2025 y las programadas para 2026, el despliegue contempla un total de 380 cámaras de seguridad distribuidas en distintos sectores de la región.

380 cámaras distribuidas en proyectos comunitarios

La cifra de 380 cámaras no corresponde a una única red regional ni a una gran licitación destinada a construir una sola plataforma de televigilancia.

Se trata de múltiples proyectos financiados mediante el Fondo Concursable 8% FNDR, en su línea de Seguridad Ciudadana, al que pueden postular organizaciones sociales con iniciativas destinadas a resolver problemas concretos de sus sectores.

Durante 2025, esta línea financió 51 proyectos de seguridad, con una inversión superior a $1.202 millones.

Esos proyectos permitieron financiar:

• 278 cámaras de seguridad
• 329 luminarias

Para 2026 se contempla incorporar:

• 102 nuevas cámaras
• 479 luminarias

La suma de ambos períodos alcanza las 380 cámaras de seguridad anunciadas para distintos barrios de Tarapacá.

La seguridad se diseña desde los propios barrios

Una característica particular de este modelo es que los proyectos nacen desde las organizaciones sociales.

Son los propios vecinos quienes conocen los pasajes, esquinas, accesos, plazas y espacios donde existen problemas de seguridad o incivilidades.

En lugar de definir toda la infraestructura desde una única oficina regional, las organizaciones pueden presentar proyectos enfocados directamente en las necesidades de su territorio.

Esto permite que una junta de vecinos pueda determinar dónde necesita cámaras, iluminación u otros elementos preventivos y solicitar financiamiento para implementar una solución adaptada a su realidad.

El caso de la Junta de Vecinos Dolores N.º 34

Uno de los ejemplos concretos corresponde a la Junta de Vecinos Dolores N.º 34 de Iquique.

La organización inauguró durante septiembre de 2026 un nuevo sistema de televigilancia compuesto por 36 cámaras de seguridad.

La inversión fue cercana a los $20 millones, financiada con recursos del Gobierno Regional.

El proyecto no consistió solamente en instalar cámaras.

También incorporó:

• grabadores;
• monitores;
• sistemas de perifoneo;
• respaldo eléctrico;
• equipamiento para la central de televigilancia;
• capacitación para la utilización y mantención de los equipos;
• y un protocolo preventivo de seguridad.

Esto demuestra que detrás de una cifra como “36 cámaras” existe una infraestructura bastante más amplia necesaria para que el sistema realmente pueda operar.

Una pequeña central de televigilancia dentro del barrio

La incorporación de grabadores y monitores transforma este tipo de proyecto en algo más completo que un conjunto de cámaras instaladas en postes o fachadas.

Las cámaras generan las imágenes, pero un sistema de CCTV también necesita infraestructura capaz de:

• recibir las señales;
• visualizar las cámaras;
• almacenar las grabaciones;
• buscar eventos anteriores;
• mantener los equipos funcionando;
• y recuperar imágenes cuando ocurre un incidente.

En la práctica, algunos de estos proyectos terminan funcionando como pequeñas centrales de televigilancia comunitaria administradas por las propias organizaciones.

El perifoneo permite intervenir, no solamente observar

El proyecto de la Junta de Vecinos Dolores incorpora además sistemas de perifoneo.

Esto agrega una capacidad diferente a la vigilancia tradicional.

Una cámara permite observar y registrar una situación. Un sistema de perifoneo permite además transmitir mensajes mediante altavoces instalados en el sector.

Ante una conducta detectada mediante las cámaras, por ejemplo, puede emitirse una advertencia o mensaje preventivo.

La combinación de videovigilancia y audio transforma el sistema desde una herramienta exclusivamente de observación hacia una infraestructura que también puede utilizarse de manera disuasiva.

El respaldo eléctrico también es parte de la seguridad

Otro componente considerado es el respaldo energético.

Una red de cámaras depende de energía eléctrica para funcionar, pero también los grabadores, monitores, switches, enlaces de comunicaciones y otros dispositivos relacionados.

Un corte eléctrico puede dejar fuera de servicio gran parte del sistema precisamente durante una situación de emergencia.

Por eso, incorporar sistemas de respaldo permite mantener la operación durante interrupciones temporales del suministro.

Es un componente menos visible que una cámara, pero fundamental para la continuidad del servicio.

Capacitar a los vecinos también forma parte del proyecto

Instalar tecnología no garantiza por sí sola que el sistema funcione correctamente.

Las personas responsables deben saber utilizarlo.

Por eso, el proyecto desarrollado por la Junta de Vecinos Dolores también contempla capacitación para el uso y mantención de los equipos.

Esto puede incluir conocimientos como:

• visualizar cámaras;
• buscar grabaciones;
• exportar evidencia;
• detectar fallas básicas;
• actuar frente a un incidente;
• proteger el acceso al sistema;
• y coordinarse con las instituciones correspondientes.

También se considera un protocolo preventivo de seguridad para ordenar la actuación de la organización frente a determinadas situaciones.

No es una sola red de 380 cámaras

Este punto es importante.

Las 380 cámaras anunciadas no corresponden necesariamente a una única plataforma centralizada desde la cual una sola institución pueda observarlas simultáneamente.

Los dispositivos pertenecen a distintos proyectos ejecutados por diferentes organizaciones sociales.

Por lo tanto, pueden existir:

• distintos responsables;
• diferentes centrales o puntos de monitoreo;
• distintas marcas de cámaras;
• diferentes grabadores;
• distintas capacidades de almacenamiento;
• diferentes tecnologías de comunicación;
• y distintos procedimientos de operación.

La característica principal del programa es precisamente su distribución territorial.

Una estrategia diferente a las grandes centrales municipales

Existen distintas formas de desarrollar televigilancia urbana.

Una municipalidad puede construir una central de gran escala, instalar cientos de cámaras y administrar directamente toda la infraestructura.

Otra alternativa consiste en distribuir recursos entre organizaciones locales para desarrollar sistemas más pequeños en sectores específicos.

Tarapacá está utilizando este segundo modelo como complemento a otras políticas públicas de seguridad.

La ventaja es que permite llegar directamente a barrios y pasajes donde una gran red centralizada podría tardar más tiempo en extenderse.

También aprovecha el conocimiento que tienen los habitantes sobre los lugares donde ocurren los problemas.

Cámaras e iluminación se complementan

El programa no está concentrado exclusivamente en videovigilancia.

Entre 2025 y 2026 también se contempla financiar un total de 808 luminarias.

La iluminación cumple una función preventiva distinta, pero complementaria.

Una mejor iluminación puede ayudar a:

• aumentar la visibilidad de calles y pasajes;
• facilitar la identificación de personas y vehículos;
• mejorar las imágenes captadas durante la noche;
• reducir zonas oscuras;
• y aumentar la percepción de seguridad.

Por eso, algunos proyectos combinan cámaras con iluminación y otros se concentran principalmente en uno de estos elementos.

Más cámaras también significa más información

La instalación de cientos de cámaras genera otro desafío: administrar la enorme cantidad de información que producen.

Una cámara funcionando permanentemente puede generar video durante las 24 horas del día.

Multiplicado por decenas de dispositivos, esto obliga a considerar aspectos como:

• capacidad de almacenamiento;
• días de conservación de las grabaciones;
• resolución y calidad de imagen;
• mantenimiento;
• usuarios autorizados;
• protección de contraseñas;
• búsqueda de eventos;
• exportación de evidencia;
• y procedimientos para entregar imágenes cuando sean requeridas.

Por eso, el número de cámaras es solamente una parte del sistema.

La utilidad real dependerá también de que los dispositivos continúen funcionando y que las grabaciones puedan recuperarse cuando efectivamente sean necesarias.

51 proyectos de seguridad solamente durante 2025

La magnitud del programa puede observarse también en la cantidad de iniciativas financiadas.

Durante 2025 fueron aprobados 51 proyectos relacionados con seguridad, con una inversión total superior a $1.202 millones.

Las iniciativas corresponden a organizaciones sociales de distintos sectores de Tarapacá y consideran cámaras, iluminación y otros elementos preventivos.

El Fondo 8% se transforma así en una herramienta mediante la cual organizaciones relativamente pequeñas pueden acceder a infraestructura tecnológica que difícilmente podrían financiar únicamente con recursos propios.

De la seguridad municipal a la seguridad comunitaria

Las grandes centrales municipales siguen cumpliendo una función importante.

Permiten centralizar imágenes, coordinar patrullajes, trabajar directamente con Carabineros y mantener personal especializado.

Pero los sistemas comunitarios cumplen una función diferente.

Pueden llevar infraestructura hasta calles, condominios, pasajes y barrios muy específicos, colocando parte de la capacidad preventiva directamente donde viven las personas.

Ambos modelos pueden complementarse.

Una estrategia territorial podría combinar:

redes municipales para cobertura comunal + sistemas comunitarios para cobertura barrial.

El programa desarrollado en Tarapacá muestra precisamente cómo los recursos públicos pueden utilizarse para desarrollar esta segunda capa.

El desafío después de instalar las cámaras

La instalación inicial es solamente una parte de la vida útil de un sistema de televigilancia.

Después aparecen otras necesidades:

• mantenimiento;
• limpieza;
• reemplazo de equipos dañados;
• actualización de contraseñas;
• renovación de discos duros;
• reparación de enlaces;
• reposición de fuentes de poder;
• administración de usuarios;
• y capacitación de nuevas personas.

En proyectos administrados por organizaciones sociales, este aspecto cobra especial importancia.

La inversión inicial puede financiar la infraestructura, pero su utilidad futura dependerá de que exista una organización capaz de mantenerla operativa.

Un despliegue que continuará durante 2026

El programa acumulado contempla 278 cámaras financiadas durante 2025 y otras 102 durante 2026.

Con ello, Tarapacá alcanzará las 380 cámaras de seguridad financiadas mediante esta línea regional.

Sin embargo, el verdadero desafío no será solamente alcanzar esa cifra.

Será conseguir que las cámaras permanezcan operativas, que las organizaciones sepan utilizarlas, que existan procedimientos claros y que las imágenes puedan transformarse en información útil cuando ocurra un incidente.

La experiencia de Tarapacá muestra que la televigilancia no necesariamente debe desarrollarse únicamente mediante grandes centrales.

También puede construirse desde los propios barrios.

Antecedentes principales

Fuentes